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La oposición nicaragüense solicitó este miércoles a la policía permiso para manifestarse el domingo contra el gobierno de Daniel Ortega, con el propósito de evitar nuevas acciones represivas de las protestas que ya dejaron más de 320 muertos desde abril, informo una fuente partidaria.
"Hemos tomado la decisión de ejercer nuestro legítimo derecho a movilizarnos" el domingo en la capital, anunció la Unidad Nacional Azul y Blanco, principal alianza de oposición, en una carta que entregó a la Policía en Managua.
En la misiva, los opositores piden a la policía "tomar todas las medidas para garantizar la vida y seguridad física" de los manifestantes.
La alianza aseguró que con esta petición cumplen con una disposición de la policía que en octubre pasado prohibió a los opositores movilizarse sin previa autorización.
"Si realmente hay un estado de derecho" la policía debe autorizar la marcha, afirmó a periodistas el dirigente opositor Juan Chamorro.
La oposición pretende el domingo reanudar su jornada de movilizaciones para demandar, esta vez, la liberación de cientos de manifestantes que están presos por participar en las protestas contra el gobierno.
A la protesta planean sumarse organizaciones feministas con motivo de la celebración del día contra la violencia de género.
El martes, el grupo de seguimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló en junio en el país, expresó su preocupación por "el impedimento a toda forma de manifestación o protesta social" que ha adoptado el Estado de Nicaragua.
"La protesta social y la libertad de expresión no pueden ser vistas como una amenaza en sociedades democráticas", señaló la CIDH en un comunicado.
Según registros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), 600 manifestantes están detenidos, de los cuales 431 son procesados por terrorismo u otros delitos al amparo de una nueva ley que criminaliza las protestas.
Las protestas contra el gobierno comenzaron el 18 de abril contra una reforma al seguro social, la cual fue derogada pero sin embargo derivó en una demanda masiva de salida del mandatario por los muertos que causó la represión.
Grupos humanitarios contabilizan más de 320 muertos por la represión de la policía y paramilitares, mientras que el gobierno reconoce 199 víctimas que atribuye a delitos cometidos por los manifestantes "golpistas".